En defensa

de la escuela

La Comisión de Educación del Congreso de la República puso en el asador este pasado 3 de junio el dictamen – aprobado por unanimidad – que establecía los procedimientos para poner coto a la morosidad, en alza, en el pago de las pensiones escolares. Digo en el asador porque la educación, como todo lo que hace referencia a esta, es un concepto equivoco: sus diversas interpretaciones, visiones o actividades no hacen sino enriquecer su trascendencia. Pero esa apacibilidad conceptual se mal usa cuando se la coloca entre bandos contrarios: derecho- deber; libertad-responsabilidad; gratuidad- no gratuidad; control del estado- autonomía; pensamiento único- pluralidad de opciones; creencias religiosas- laicismo; el colegio- los padres de familia; el estado- los ciudadanos, etcétera... Mientras se aticen las brasas de lo antagónico, de la dialéctica, de los opuestos, los acuerdos y soluciones a los que se lleguen serán precarios o impuestos por grupos de poder o por un Estado impersonal.

Los colegios privados en su mayoría, por no decir todos, tienen unas prácticas razonables con los padres de familia que por motivos económicos o por el número de hijos se les dificulta pagar el monto convenido, me refiero a los sistemas de becas o ayudas coyunturales. Además, en virtud de la promulgación de la ley N° 23585 del 28/02/1983, los colegios y universidades privadas están obligadas a otorgar becas completas ante el fallecimiento del padre o del tutor. Solo una mente malévola es capaz de construir una imagen en la que el director de una escuela rechace categórica y destempladamente a unos padres que solicitan diferir pagos o alguna concesión especial, máxime si su relación con el colegio dura 13 largos años. ¡Pensar en colegios descarnados e indolentes suena a mero prejuicio!

Si las familias con dificultades económicas tienen a su alcance medios que les permiten la continuidad de los estudios de sus hijos, la pregunta que cae redonda es ¿la morosidad es un estilo de vida o una real insolvencia pecuniaria? La morosidad es menor que la puntualidad. El cumplimiento del deber es mayor que la deslealtad con los compromisos. Por tanto, la ley que la premia (morosidad) es la misma que utilizan las municipalidades cuando deciden condonar las deudas por tributos. Es una medida populista. Quienes cumplen, a la vez que subsidian a los otros, reciben servicios mediocres y, quienes no pagan suelen quejarse por la calidad de los mismos. Lo cierto es que se establece una relación precaria, quien presta servicios no los mejora y quien los recibe no puede exigir. Al final pareciera que lo único que importa no es ni el niño ni la educación sino mantener las oposiciones y los conflictos.